Creación de políticas públicas de género en el Perú: hacia un país libre de violencia contra la mujer
Amigos y Enemigos
Jorge Roberto Cámara Guerrero ha enviado a la sección Amigos-Enemigos de la Revista Oiga un artículo que trata de una forma amplia uno de los grandes problemas que en estos momentos están sacudiendo al conjunto de las sociedades de todo el mundo: el papel que tiene derecho a jugar el 50% de la población.
Si nos paramos a pensar que la mitad de la población tiene, sin justificación alguna, menos derechos educativos, sociales, laborales o jurídicos, solo podemos llegar a una conclusión: algo esencial en nuestra sociedad funciona muy mal.
Ese 50% de la población que está discriminada, son las mujeres de Perú. De Perú y de otros muchos países el mundo. Y eso es algo incomprensible, porque la sociedad peruana no puede permitir que la mitad de su población viva en una situación de infraderechos. Es una cuestión de justicia.
Pero es que, incluso desde un punto de vista práctico, es un error. ¿Puede un país renunciar al 50% de su talento, de su capacidad de trabajo?
A lo que hay que sumar otra evidencia. Las mujeres, como personas individuales y como colectivo social, tienen un papel clave en la estructuración de nuestra sociedad. Ellas son, casi siempre, la columna vertebral de las familias, las responsables del control de la educación de los hijos, las creadoras de las redes informales (y formales) de solidaridad social, o las que con su trabajo, fuera y dentro del hogar, mantienen a sus familias.
Mantener una estructura educativa, social, económica y política que dificulta el desarrollo de ese 50% de la población, es una inmoralidad, un error, y un despilfarro que ninguna sociedad se puede permitir. Y para conseguir eso no basta con decir que se desea un cambio. Es necesario crear una estructura legislativa que impulse esta incorporación igualitaria de las mujeres a todos los campos de la visa social de Perú.
Es fundamental para nuestro futuro, y ya vamos tarde.
Editorial Periodística Oiga – Revista Oiga
Creación de políticas públicas de género en el Perú: hacia un país libre de violencia contra la mujer
Jorge Roberto Camara Guerrero
La desigualdad de género contra la mujer se origina a partir de una construcción social determinada por la hegemonía del pensamiento patriarcal, el cual establece las relaciones sociales a partir de la idea de superioridad masculina por sobre la femenina. Este problema social vulnera los derechos fundamentales de la mujer y normaliza acciones como la subordinación marital, la imposición de estereotipos socioculturales, la violencia física y psicológica, el incremento de la brecha salarial, las limitaciones de oportunidades educativas y la violación de derechos sexuales y reproductivos. Alrededor del mundo, sobre todo en países tercermundistas, se han desarrollado un conjunto de principios basados en esta ideología, los cuales van incrementándose a tal punto de que las mujeres se han convertido en víctimas recurrentes de una violencia execrable. El Perú, por ejemplo, no es ajeno a esta realidad, ya que debido al pensamiento patriarcal que domina nuestro ideario colectivo, los casos de violencia contra la mujer van en un incesante aumento. Frente a dicho contexto, surge la siguiente controversia: ¿el sistema sexo-género y las desigualdades que se genera entre hombres y mujeres requieren de políticas públicas por parte del Estado, en respuesta a la situación problemática presente en la sociedad? Al respecto, me encuentro a favor. A continuación, defenderé mi postura con dos argumentos convincentes.
En primer lugar, me encuentro a favor de que en mi país se creen políticas públicas de género en contra de la violencia hacia la mujer, pues estas medidas ayudarán a eliminar la ideología del patriarcado que se encuentra enquistada en nuestra sociedad. Por patriarcado se entiende a un tipo de organización social en la cual se ha establecido el predominio de autoridad del varón por sobre el de la mujer a través de diferentes mecanismos de imposición de poder, los cuales terminan generando desigualdades entre ambos. Un aspecto perjudicial para el libre desarrollo de la mujer que se desprende de esta definición sería el machismo, el cual se relaciona con las ideas y valores de superioridad que el hombre cree ejercer sobre la población femenina. Esta ideología establece una suerte de “androcentrismo” (condición de creer que el varón es el centro de todo) y ha generado un sinnúmero de actos discriminatorios a través de la historia.
En el Perú, hablar de machismo es sinónimo de costumbre, ya que todo acto que genera una segregación cuya base se realice a partir de la predilección del sexo masculino, es normalizado, justificado y reglamentado. Esta forma de pensar ha tenido nefastas consecuencias que han afectado a nuestras compatriotas, tales como el incremento de la violencia psicológica, el acoso callejero y laboral, las violaciones sexuales y, en última instancia, los feminicidios. Por añadidura, otro elemento negativo que la hegemonía patriarcal impone en el ideario social está relacionado con la teoría de la superioridad física del hombre sobre la mujer, la cual, desde la narrativa prehistórica tradicional, habría de ser el argumento con el cual se estableció el rol doméstico de la mujer dentro del seno familiar. Esta perspectiva retrograda es la razón por la cual se han creado y normalizado estereotipos culturales al interior de la sociedad, limitando así el desenvolvimiento de las mujeres en los diversos ámbitos sociales a nivel nacional.
Del mismo modo, cuando la filósofa francesa Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, aseveró que “no se nace mujer, se llega a serlo”, buscaba con esta premisa romper el mito del arquetipo de la “feminidad” que el pensamiento patriarcal había utilizado para catalogar a la mujer como un ser débil e inferior al varón. Y es que, a raíz de este ideario, las mujeres han sido privadas de la posibilidad de alcanzar su propia individualidad en la sociedad y, más bien, se le han atribuidos roles y conductas de dependencia para con el sexo masculino. La sociedad peruana se encuentra ligada a este tipo de pensamiento, el cual ha terminado por desencadenar una ola masiva de casos de violencia de género en contra de sus mujeres. Por todo lo mencionado al respecto de este primer punto, me permito este argumento.
En segundo lugar, como mencioné en el párrafo anterior, mantengo mi posición a favor de la creación de políticas públicas que vayan en contra de la discriminación que sufren las mujeres en nuestro país, ya que esto generará, en última instancia, una sociedad libre de violencia hacia ellas. Por una parte, la aplicación de estas medidas garantizará que las mujeres peruanas puedan ejercer libremente los derechos fundamentales que el sistema patriarcal le ha ido negando a lo largo de los años. Sobre ello, la mujer peruana sufre constantes abusos y recortes de sus derechos sexuales y reproductivos, situación que va en contra de la Agenda 2030 propuesta por la ONU desde el año 2015. La creación de leyes a favor de derechos ligados a la intimidad personal, a la igualdad de sexo y género, al respeto de las preferencias sexuales, a la decisión de la cantidad de hijos que desean tener, a la libertad de elegir que métodos anticonceptivos utilizar, a la educación sexual integral y al acceso efectivo y gratuito de servicios de salud sexual y reproductiva, serán de gran importancia para acelerar el proceso de empoderamiento femenino en el Perú. En esa misma línea, uno de los derechos sexuales y reproductivos que el día de hoy se busca legalizar con mucha necesidad debido al aumento de violencia sexual ejercida contra las mujeres es el de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta prohibición restringe y vulnera los derechos de miles de niñas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva que, en vista de que no encuentran un apoyo por parte del Estado ante tal problemática, se ven obligadas a someterse a dicha práctica de forma ilegal, insalubre e insegura, aumentando así la tasa de mortalidad femenina a lo largo del país. Asimismo, y del otro lado de la moneda, cabe resaltar que muchas compatriotas que optan por ser madres se ven obligadas a dejar sus trabajos asalariados debido a que la mayoría laboran en el sector informal y por ende no son beneficiarias del derecho gremial de maternidad subsidiada. Apoyo por parte del Gobierno en este ámbito ayudará enormemente a que la mujer pueda desarrollar mejor su rol de madre sin la preocupación de verse desamparada económicamente durante dicho tiempo. Por otra parte, el libre ejercicio de estos derechos ocasionará que se reduzcan los patrones sociales de discriminación contra la mujer. Al respecto, la discriminación de género en el mercado laboral de nuestro país ha relegado el trabajo femenino a un nivel por debajo del masculino generando brechas salariales dispares entre ambos sexos.
Las principales determinantes de este proceder se centran en aspectos que se establecen como impedimento de contratación o mejoras salariales, tales como la cantidad de familiares masculinos que laboran en el hogar, la maternidad, el estado civil o la flexibilidad de horarios debido a la carga laboral doméstica que una mujer con familia tiene que realizar. Todas estas limitantes se relacionan de manera fehaciente con las estadísticas que han determinado que en el Perú la brecha laboral y salarial por género se ha incrementado a un 27% en comparación con otros países de la región como Chile (17%) o Estados Unidos (5%). De aplicarse políticas de género en este ámbito se promoverá la inserción laboral de las mujeres en el mercado, eliminado así la brecha que tanto afecta la economía de la mujer peruana. Además, es menester recalcar que los feminicidios en el país se han incrementado en los últimos años. Las cifras arrojadas por el INEI han establecido una duplicación de estos actos entre los años 2015 y 2019, siendo Lima el lugar con mayor número de casos registrados. Este tipo de situaciones, a su vez, son el resultado de la normalización de otras prácticas infamantes como son los celos, la infidelidad, el acoso sexual laboral y callejero. Los indicadores establecen que la relación de la víctima con el victimario tiende a ser cercana, donde el 58% de casos fueron perpetrados por la expareja, exconviviente o exesposo; el 29% por la pareja, conviviente o esposo y el 13% por individuos sin vinculación directa con la víctima. Al proponerse políticas de género que combatan estos casos, las muertes femeninas cesarán. También, se debe resaltar que la mentalidad machista y heteropatriarcal ha creado estereotipos profesionales a lo largo de la historia. Por muchos años se ha normalizado la idea de que existen carreras profesionales únicas y exclusivas “para mujeres”, generando con ello su discriminación en ciertas áreas académicas tales como las ingenierías, las ciencias naturales o la medicina. Hoy en día, a lo largo del mundo, vemos como en países donde se han deshecho de estos estereotipos profesionales se han comenzado a visibilizar los aportes académicos de mujeres en áreas que antes solo eran consideradas para varones, siendo el caso más reciente el de la economista francesa Esther Duflo quien fuera galardonada con el Premio Nobel de Economía el año 2019. La aplicación de políticas públicas de género, por tanto, será de gran apoyo para que la mujer peruana logre realizarse profesionalmente alejada de los estereotipos machistas. En consecuencia, la deconstrucción de las prácticas machistas discriminadoras forjará una sociedad libre de violencia contra la mujer en el país.
Para concluir, he decidido defender una postura a favor de la creación de políticas públicas de género dentro de la legislación peruana, ya que estas eliminarán el pensamiento patriarcal de nuestra sociedad y pondrán fin a la violencia contra la mujer. Por eso, exhorto al Gobierno y a toda la población a tener una perspectiva crítica a cerca de la violencia contra la mujer, ya que esta se ha incrementado exponencialmente y de seguir así, sumirá al país en una indolente crisis social. Finalmente, es necesario y fundamental erradicar este pensamiento a través de la educación para que muchas compatriotas puedan sentirse libres, seguras, valoradas y realizadas.
Jorge Roberto Cámara Guerrero
DNI: 44366960
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Fotografía de portada: «Mujeres trabajando», de Fernanda Méndez
